Son muchas las olas que nos quedan por transitar.

Por Maite López

Mayo del 2018 fue un hito importante para el contexto chileno, “Mayo Feminista” le llaman, y cómo no, si muchas mujeres desde distintas veredas salieron nuevamente a la calle a manifestarse y expresar fuerte y claramente que no, que aún estamos atravesadas por injusticias que nos sitúan en una posición jerárquica inferior, que nuestros derechos fundamentales -como el decidir sobre nuestro propio cuerpo- aún no los podemos ejercer con libertad y, que los principios de igualdad y respeto que las sociedades modernas prometieron, finalmente no se han cumplido. Frente a esto, las luchas se apoderan de lo público y las diversas manifestaciones instalan la urgencia de erradicar el sexismo. Se visibilizan actos de discriminación, acoso y violencia que viven muchas estudiantes, sumado al nulo protocolo que existe por parte de las instituciones para hacer frente a tales problemáticas. Así, las mujeres se apropian de sus casas de estudio y de la alameda, para debatir, cuestionar y exigir un cambio social.

Al ser un debate que trasciende al terreno de lo público -el cual tuvo mucha trasmisión mediática- es impactante conocer las contra respuestas que emanaron desde los distintos sectores, incluyendo actores estatales. Tal fue el “emblemático” comentario del Ex Ministro de Educación, Gerardo Varela, que tildó de pequeñas humillaciones las denuncias de abuso por parte de las estudiantes, jerarquizándolas y poniéndolas en el territorio de lo irrelevante. Si un ex ministro comenta tal desvarío con liviandad, podemos imaginarnos el tipo de opiniones que emanaban en las redes: “Feminazis, si no quieren tener hijos cierren las piernas” “Yo las esterilizaría a todas para que dejen de reclamar” “Se visten como putas y después reclaman” y así un sin fin de comentarios que dan cuenta de los pilares ideológicos que sostienen a Chile.

Ahora bien ¿Por qué luchamos las mujeres? ¿Por qué cuando exigimos igualdad aparecen los argumentos biológicos validando la diferencia? ¿Por qué cuándo gritamos “ni una menos” emana un nuevo lema que proclama: “nadie menos”? ¿Por qué cuando el movimiento LGBTI exige reconocimiento aparece como prioridad las personas sordo-mudas?… porque temen perder sus privilegios y salir del rango de comodidad.

No se trata de negar las otras luchas, se trata simplemente de entender que la lucha por la igualdad de género está hoy vigente, dado que la presunta igualdad no existe. Y cuando se habla de igualdad, no se apela a que hombres, mujeres niñ@s, queer o transgénero sean iguales, sino más bien se trata de un principio, de que tod@s podamos ejercer nuestra autonomía y libertad, que nos desmarquemos de actos discriminatorios y que admitamos y aceptemos nuestras diferencias. Que la diversidad, no se traduzca en posiciones jerárquicas de mejores y peores, buenos o malos, raros o normales, sino, superar el binarismo y comprender que en nuestras distintas formas, tod@s somos igualmente humanos (CIEG, 2018). Desde aquí, haciendo un análisis del contexto país, vemos que aún quedan muchas luchas en pos de una sociedad más justa e igualitaria, ya que permea fuertemente un imaginario social tradicional, que aspira a un modelo masculino, blanco, occidental, exitoso y ligado al progreso económico. Desde este marco, son muchos los grupos que quedan excluidos, y dentro de éstos mismos, existen subcategorías de valoración. Es decir, en Chile no es lo  mismo ser hombre o mujer, pero tampoco es lo mismo ser mujer blanca, a ser mujer Afrodescendiente o Mapuche, no es lo mismo si eres de clase baja, media o alta, o si provienes de un país Latino, Caribeño o Europeo. Y tales diferencias se traducen en inequidades en el acceso a oportunidades, tratos diferenciados, estigma social y barreras en las distintas esferas de lo social.

En definitiva no podemos situar a Chile como un país que valora la diversidad y donde se hagan valer los derechos de tod@s quienes lo componemos. Es más, se intentan reducir las diferencias y configurar un territorio homogéneo. Cualquier desvío es cuestionado, y por ello, es más fácil pensar que quienes componen la nueva ola feminista lo hacen “por moda”, sin argumentos sólidos, ya que actualmente las mujeres pueden votar, tienen representación política, estudios y trabajo. O sea, para algunos, lo hemos logrado todo. Y si hay cosas que no hemos logrado, no tiene relación con una estructuración social, sino más bien con un mérito propio, basado en la lógica de “El que quiere puede”, como si efectivamente tod@s tuviésemos las mismas oportunidades y dependiera netamente de una cualidad personal. Y claro, si miramos las cifras, vemos que hay muchas más mujeres con trabajo y estudios, y que incluso tuvimos una Presidenta mujer; la pregunta es ¿acaso es suficiente? ¿hemos logrado la igualdad?. Es muy conveniente situarse desde el discurso afirmativo en donde hemos superado la sociedad patriarcal, sin embargo, no basta con la igualdad de oportunidades –la que aún no corre para tod@s- sino también aquella que nos asegura una igualdad en el relacionamiento y trato con l@s otr@s, es decir, que en los espacios en donde nos desenvolvamos nos sintamos cómod@s y respetad@s. Y bueno… muchas sabemos que eso realmente no es así.

En el caso de las estudiantes, éstas nos manifiestan que tal igualdad no existe en las instituciones educativas, en donde muchas se sienten acosadas y menoscabadas no tan sólo por compañeros sino también por quienes componen el estamento estudiantil: profesores y directivos. Este es tan sólo un ejemplo que refleja la desigualdad en el trato, aspecto que es visible también en los espacios laborales, en los abusos de poder de los altos mandos, las mayores posibilidades de los hombres de ascender, la desconfianza de andar sola de noche en las calles, entre tantos otros ejemplos. Es decir, vivimos en una sociedad que crea y reproduces desigualdades entre las personas, y que tales diferencias operan como trabas para que los sujetos puedan desplegarse con igualdad de derechos. Así, cabe preguntarse qué estrategias se deben implementar para derribar tales obstáculos en miras de que tod@s podamos contar con un piso mínimo que nos asegure una vida digna. Y el punto de partida debiese ser la aceptación de tales desigualdades, reconocer que en Chile las jerarquizaciones existen, que nos configuramos desde prácticas discriminatorias, misóginas, xenofóbicas y racistas. Si seguimos pensando que las mujeres están en igualdad de condiciones, que la población LGBTI+ es anormal y debe corregirse; y que los migrantes tienen más beneficios que los chilenos, sólo estamos potenciando discursos que nos estancan como sociedad y no nos permiten avanzar hacia prácticas con mayor equidad.

Desde tal reconocimiento, desde comprender que nos movemos desde un imaginario basado en la jerarquización de los sexos y enmarcado en relaciones de poder, recién ahí podemos pensar en una institucionalización con perspectiva de género, es decir, que las políticas que se ejecutan y programan desde el Estado, impliquen un cambio paradigmático en la forma de pensar, proceder, ejecutar y medir sus acciones. Y que tales acciones, estén dirigidas a corregir las desigualdades que históricamente nos han sostenido, las cuales han mantenido al margen a un altísimo porcentaje de la población. Para ello, para lograr una transversalización del género, se debe analizar cómo las políticas impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres en sus diversas formas, y qué mecanismos deben operar para corregir tales desigualdades (CIEG,2018). Si bien Chile avanzó hasta obtener un Ministerio de la Mujer y la Equidad de género, es menester que éste opere de manera articulada y que no sólo sea tal Ministerio el que se haga cargo de instalar una perspectiva de género, sino que todos los actores que componen el Estado y la población estén comprometidos con ello.

Como bien sabemos, en nuestro país y en América Latina en general, es complejo hablar de una Institucionalización del género,  ya que permean un sin fin de limitantes, y para el caso de las mujeres, éstas aún no logran tener una alta representatividad en la toma de decisiones y en la construcción de nuevas políticas y programas que las afectan, siendo fundamental su participación en este ámbito para lograr la transversalización. Sin embargo, al situarnos desde un escenario donde el Estado no procura respaldar los derechos humanos, son los movimientos sociales junto a diversas orgánicas los que se articulan haciendo un llamado a la acción. Feministas presionaron por una aprobación del aborto en 3 causales y el movimiento LGBTI+ logró exigir una ley de Identidad de Género, y así… donde aún nos sigue quedando un arduo camino.

Es menester levantar otras luchas y visibilizar/escuchar a muchos sectores de la población que permanecen en el borde. Estamos frente a una atmósfera desesperanzadora, al ver que la sociedad que hemos construido sólo nos reprime y vulnera, basándose en argumentos vetustos. Siguiendo a Foucault (1999), no existen verdades objetivas, sino más bien, históricamente se han instalado discursos que operan como verdades, ejerciendo poder sobre los sujetos y constituyéndolos. En este caso, tales discursos nos oprimen, construyendo y reproduciendo desigualdades que se legitiman y validan. Pero si seguimos organizándonos y buscando nuevas formas de concebirnos y concebir a l@s otr@s, podremos crear espacios de fuga que nos permitan construir nuevos relacionamientos desde la diferencia. Es complejo pensar en un cambio paradigmático a nivel estatal, así como desarticular todos los dispositivos que por décadas han operado y regulado nuestras formas de pensar, pero sí podemos transitar en las fisuras, y desde ahí, crear manadas que se movilicen en pos de un mundo en el que sí queramos habitar.

Mujeres en la política, hacia un cambio estructural

Por Priscilla Olivares

Cada vez más mujeres están participando en política, sin embargo, siguen existiendo brechas y obstáculos que dificultan tanto el ingreso como al desarrollo de una carrera en esta área. Por ello quisiera detenerme a reflexionar sobre lo que nuestra actual legislación ofrece y regula al respecto, enfatizando en que estas iniciativas aún no son suficientes y se requiere de manera urgente acciones de cambio estructural que responsabilicen tanto al Estado como a la sociedad civil de la necesaria modificación de nuestras prácticas, valores e ideologías para que de una vez haya más mujeres en política.

Quiero centrarme en la Ley de Cuotas (recientemente implementada en Chile) y la Paridad, distintos mecanismos de acción afirmativa que se han implementado como estrategias en el mundo para mejorar y/o aumentar la participación política de mujeres. Ambas acciones representan un avance en esta materia, pero tienen dispar impacto en lo concreto. En lo personal, participo en el Partido Político Revolución Democrática específicamente en el Frente de Género y es constante de nuestro actuar y espacios de reflexión cuestionar nuestra propia participación como mujeres militantes y también, las brechas con que nos vamos encontrando en la actividad política ya sea dentro de nuestro partido como dentro de los distintos espacios en los que enfocamos nuestras luchas.

En el mundo occidental se puede situar una primera iniciativa de participación política formal el escrito “Derechos de la mujer y la ciudadana” de Olympe de Gouges, quien posiciona a la mujer en igualdad de derechos y condiciones a partir de la Revolución Francesa; obviamente sus adversarios políticos la llevaron a la gillotina. Parece ser que los intentos patriarcales por deslegitimar los distintos momentos feministas suelen tener esa tónica asesina y descarnada, no nos olvidemos que la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer nació justamente por la muerte de mujeres que reclamaban por mejores condiciones laborales. En nuestro país la participación política de mujeres ha tenido diversas caras donde se pueden señalar tres momentos históricos: Demandas por el Derecho a la Educación (1810-1877), Movimiento Sufragista (1875-1949) y Movimiento Antidictadura (1973-1990). Agregaría un último momento que califico como un despertar feminista, nacido desde las aulas universitarias pero que encontró eco en las feministas históricas confluyendo en demandas básicas aún irresueltas: violencia de género, aborto en cualquier causal y educación no sexista.

Si bien la participación de mujeres ha estado marcada desde los movimientos sociales, también se ha posicionado la participación femenina en la política formal como la fundación del MEMCH, (Movimiento Pro emancipación de la mujer en 1935), Gladys Marín, quien fue la primera mujer en dirigir un partido político y por supuesto a Michel Bachelet, la primera mujer en Chile y Sudamérica en presidir un país.

Sin embargo, la articulación de mujeres en política sigue siendo baja por lo que los distintos países en base a acuerdos internacionales han establecido mecanismos de acción positiva que en el ámbito de la política busca modificar las prácticas actuales por las cuales las mujeres quedan sub representadas en las esferas de poder y aumentar su participación en la toma de decisiones mejorando el desarrollo de sus carreras políticas. En el año 2015 se aprobó la reforma electoral que entre otras iniciativas incluyó una Ley de Cuotas que establece que, de la totalidad de candidaturas legislativas declaradas por los partidos políticos, el porcentaje tanto de hombres como mujeres no puede superar el 60%. Esta acción está pensada como una medida transitoria que al alcanzar la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el ámbito político, será eliminada. No obstante, en los distintos países que ha sido aplicada no ha logrado su objetivo y sólo se ha perpetuado la baja participación de las mujeres en estricto rigor, ya que la tendencia de los partidos políticos es presentar el mínimo exigido de mujeres postulantes a las distintas elecciones, sin ocuparse de su preparación para ejercer la función política, limitándose a cumplir sólo con el número de candidatas. De acuerdo con estadísticas de ONU Mujeres, al año 2017 había sólo un 23,3% de mujeres en los parlamentos, donde el aumento desde el año 1995 fue de tan solo un 11,3%.

Es inevitable preguntarse, cuál o cuáles son las razones que explican esta baja participación: una de las causas que se señalan tiene que ven con la carga laboral que conlleva la acción legislativa, con sesiones que pueden terminar a las 21 horas, o con un trabajo territorial que dificulta compatibilizar el espacio privado-doméstico de una mujer; vemos entonces nuevamente como las lógicas patriarcales del capital ejercen su fuerza con toda dureza, ya que en tanto el trabajo doméstico y de cuidados recaiga principalmente en las mujeres, es muy difícil que puedan contar con la energía y dedicación que requiere la actividad política, sobre todo porque este ambiente político obedece al orden masculino. Por otro lado, la educación sexista también  juega rol trascendental en el mantenimiento del status quo, ya que se limitan los liderazgos femeninos desde temprana edad (el niño es visto como líder, la niña es catalogada como mandona), se perpetúan roles de género donde las niñas van sintiéndose menos inteligentes y capaces de participar pues van siendo progresivamente subvaloradas por el actual sistema educativo. Es decir, la Ley de Cuotas resulta insuficiente pues no cambia la base patriarcal de la sociedad, ya que las relaciones de poder entre hombres y mujeres mantiene la subordinación de éstas últimas. Por otro lado, según el informe PNUD sobre las últimas elecciones legislativas en el país, señala que si bien se aceleró la incorporación de mujeres en la política (aumentó de 6 a 10 senadoras y de 19 a 35 diputadas en 2017),  para avanzar a una democracia más representativa se debe reducir la brecha de financiamiento de las campañas políticas, puesto que la distribución de aportes monetarios privados (fuera de los provistos por el Estado) en las candidaturas de hombres al Congreso es casi tres veces mayor que para las mujeres en competencia (74,2% versus 25,8%).

Creo que hay diversas líneas de abordaje que pueden subsanar la baja participación política de mujeres, coincido con los planteamientos del informe PNUD en cuanto focalizar esfuerzos por equiparar los aportes económicos destinados a las candidaturas de mujeres, está claro que esa diferencia económica afecta la actividad política de éstas. Por otro lado, está la iniciativa de Paridad en la política, la cual apela a que exista la misma proporción de representantes de ambos sexos en los organismos de toma de decisión, estableciendo que el sujeto universal no es uno sino dos: hombre y mujer. Esta mirada permitiría asegurar la igualdad política entre sujetos universales sexuados. No obstante, la experiencia en Europa da cuenta de que esto tampoco es suficiente para salvaguardar las inequidades en la actividad política, puesto que a pesar de que la Unión Europea ha fortalecido sus políticas paritarias, la representación de mujeres en lugares de toma de decisiones sigue siendo baja, donde la participación femenina desde 1995 sólo ha aumentado en un 13% al año 2017. De esta manera, a nivel mundial, sólo un 17% de los cargos ministeriales, al año 2012, estaban ocupados por mujeres, y más aún, estos cargos se desempeñan en sectores tradicionalmente asignados al rol femenino: cuidados del otro/a (infancia, adultos mayores, educación, entre otros.)

En el caso chileno, la ex presidenta Michell Bachelet en ambos periodos de gobierno promovió la paridad, pero esta sólo fue efectiva en su primer periodo, logrando finalizarlos con la participación de 40% de mujeres y 60% de hombres. A diferencia de los gobiernos de Sebastián Piñera donde este aspecto no fue ni mínimamente relevante, bajando en un 27% la participación femenina.

Está claro entonces que, si bien la paridad mejora el acceso al poder y a espacios de decisión de las mujeres, esta medida de acción positiva no soluciona aspectos estructurales de este problema, sino que más bien depende de la voluntad de los gobernantes y no de una responsabilidad Estatal.

A mi parecer la clave está por promover cambios estructurales enfocados en equiparar la división sexual del trabajo, donde las labores no remuneradas sean compartidas y donde el Estado juega un rol clave a través promover una educación no sexista, partiendo por incentivar la educación cívica en niños y niñas, promoviendo elecciones paritarias en los consejos de curso y centros de alumnos/as, reforzando el pensamiento crítico y llevando a la reflexión filosófica de sí mismos/as y en relación con la sociedad, posibilitando el desarrollo de habilidades sociales que permitan nuevas maneras de relacionarse. De esta forma crecerán personas cuestionadoras, capaces de organizarse y articularse tanto desde los movimientos sociales como de conglomerados políticos formales. Además, es necesario generar políticas públicas de apoyo como sala cuna universal y flexibilidad laboral para ambos padres en el ejercicio de sus roles parentales. Creo que ya es tiempo de terminar con esto de que la cultura es así y es muy difícil cambiarla; hace 70 años las mujeres no teníamos la igualdad legal de derechos para votar, hoy eso parece impensado sin embargo se logró a través de los años, con esfuerzos de los movimientos feministas pero también aunando voluntades políticas, y por tanto debemos seguir promoviendo el enfoque de género en todos los ámbitos del quehacer social, no conformándonos con medidas como las descritas que se ciñen a aspectos centrales y de poco alcance, sino a iniciativas de cambio estructural, que desarmen nuestro actuar y sepan acomodarse a las necesidades urgentes de igualdad de derechos, partiendo por la educación como deber Estatal. Solo así empujaremos una democracia más igualitaria que disminuya las brechas e inequidades que afectan directamente la vivencia de la sociedad.