El Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas es un programa que comenzó a impartirse hace 9 años atrás, y a la fecha cuenta con más de 120 graduados/as especializados en perspectiva de género. Como parte de sus actividades de evaluación, las estudiantes realizaron trabajos escritos de análisis y reflexión sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Durante los siguientes días publicaremos algunas de sus columnas de opinión.

Elefante Blanco

Giselle Pincheira. Socióloga, estudiante del Diplomado de Postítulo Semipresencial en Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas.

Si quisiéramos hacer una revisión histórica de la igualdad entre los miembros de una sociedad, requeríamos de un análisis exhaustivo de esta misma, sin embargo, en este caso quisiera puntualizar en la aplicación práctica de los conceptos de igualdad y equidad de género en territorios más acotados, fuera de las grandes urbes, con una población con características particulares de su contexto social, cultural y territorial. Cuando se enuncia la igualdad como principio, se hace referencia a la base social y con un fuerte fundamento ético para todas las personas, sin distinción de ningún tipo y que atraviesa tres dimensiones: el de la no discriminación, la admisión de la diferencia, y la autonomía y/o libertad. Por otra parte, el objetivo de la equidad de género es corregir las injusticias y compensar las desventajas que ha tenido históricamente la mujer en comparación con el hombre, como la baja participación en la política, el acceso al mercado laboral, etc.

Entonces, si igualdad es como dice el Art. 1 de la Constitución Chilena: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y que luego en su Art. 19 N°2: “En Chile no hay ni grupos ni personas privilegiadas” y que “Hombres y mujeres son iguales ante la ley”; deberíamos dejar de hablar de situaciones de desigualdad e inequidad y quedarnos tranquilos, pues el Estado nos respalda y protege, dicha afirmación es utópica, cuando la realidad con la que nos topamos es otra. Primero, el Estado dice ser neutro, esto es que en su semántica establece que no hay desigualdades entre hombres y mujeres, si así fuese Chile no estaría dentro de las estadísticas negativas en las que nos posiciona la OCDE como ser el quinto país donde más horas se trabaja, en donde hay mayor desigualdad salarial y que posee uno de los salarios mínimos más bajos. Ante una realidad así, lo que sigue es cuestionar el sistema deficiente en el que nos movemos, pero en particular me hace cuestionar el rol y las capacidades de los funcionarios públicos, cuyos trabajos afectan directamente la realidad de las mujeres en nuestro país. Es en este contexto de incongruencia e inconsecuencia, es en el que planteo una situación que se vuelve repetitiva y que estoy segura es más común de lo pudiera imaginar.

Cuando hay una mujer violentada por su pareja, las consecuencias de aquello recaen principalmente sobre su autoestima, en su poca capacidad de tomar decisiones, en un progresivo aislamiento social y deterioro de su salud mental y física, desvalorización, sentimientos de culpa, e inclusive en los casos más extremos ideas suicidas. Con todos estos factores, me parece inaceptable que sigan ocurriendo situaciones de injusticia como las situaciones que describiré más adelante.

Con todo el avance en materia de la institucionalización del género en las Políticas Públicas y la transversalización del género que el Estado garantiza, supondría un escenario favorable para mujeres vulneradas, pero la cruel realidad muestra una subvaloración de la violencia, ya sea, tanto para hombres como para mujeres, esto evidenciado en la siguiente situación. Al acompañar a una mujer a Fiscalía para realizar el trámite de denuncia de VIF, la funcionaria a cargo de la recepción de la misma, realiza preguntas que supongo son de rutina administrativa como ¿le pegó ahora? ¿tiene hematomas, algo visible? De manera repetitiva y minimizando el relato de la víctima, dudando de la pertinencia del trámite de denuncia, ya que no habían lesiones físicas evidentes, sin considerar el contexto de amenazas de muerte y hostigamiento con violencia física anterior. Si en ese instante esa funcionaria, hubiese actuado con un criterio más empoderado de la transversalización de género, todo hubiese sido menos tenso y en menos tiempo, cabe preguntarse entonces ¿todo el aparataje judicial no ha sido tocado por los avances de la incorporación del enfoque de género? ¿Qué debemos esperar? ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar? ¿No es suficiente con los talleres y capacitaciones que se dirigen a estas instituciones?, entonces podemos creer que la transversalización no ha llegado a todos los rincones, ni menos ha cambiado estos patrones culturales tan viciados. He de suponer, que cuando nos llega una mujer con estas características a solicitar ayuda ya sea en el Centro de la Mujer de Villarrica, o en cualquier otro programa o institución pública, como lo es el Servicio Judicial, la sensibilidad y el conocimiento para realizar la contención debiera ser acorde a los Acuerdos, Tratados Internacionales y Políticas Publicas impulsadas por el Estado de Chile. Profundizando aún más en este episodio, lo que ocurrió luego en carabineros es aún más repudiable y digo esta palabra aun sabiendo su fuerte significado, pues no encuentro otra que ejemplifique mejor lo sucedido; tiene que ver con la negligencia en su accionar y la nula presencia de ética en funcionarios de la Comisaría. Teniendo a la usuaria al interior del Centro de la Mujer, nos encontramos con que el hombre agresor estaba esperándola a las afueras del mismo, a lo que se solicitó la presencia de Carabineros para resguardar la seguridad de la usuaria en cuestión, con la gestión ya realizada nos quedamos relativamente tranquilos, luego de unos minutos se llama a la mujer para tomar cuenta si había llegado a su destino, para nuestra sorpresa lo que nos relata nos deja impávidos como profesionales, nos señaló que su cónyuge la encontró y está con ella, pues, el funcionario que se presentó al llamado de nosotras, conocía al agresor y le dijo hacia donde se dirigía la mujer. ¿Acaso los Carabineros no son los responsables de velar por nuestra seguridad y nuestra integridad física en este contexto? ¿Carabineros no es una institución pública del Estado? ¿La Transversalización de género no llega a las fuerzas de orden público? ¿Qué hubiera pasado si al dar vuelta la esquina el hombre atenta contra la mujer? De seguro estaríamos contando otro femicidio a nuestra lista nacional del 2016.

Finalmente y basándome no solo en mi experiencia profesional, sino que también en las innumerables situaciones que se dan en la cotidianeidad de nuestra sociedad, creo estar segura que los esfuerzos en desarrollar un trabajo intersectorial y territorial, capacitaciones y sensibilización de funcionarios públicos, incorporación de especialista, y en definitiva la voluntad y compromiso político por implementar el Mainstreaming de Genero son pocos, solo quedando plasmado de manera teórica y totalmente alejados de nuestra realidad, y por sobre todo de la realidad de las mujeres en comunas tan vulnerables como lo son las de la Región de la Araucanía.